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VACIERO

Repaso a la reforma del Código Penal en materia de delitos económicos y responsabilidad penal de las personas jurídicas

Sobre este último particular, ya tuvimos ocasión de pronunciarnos con anterioridad dada la importancia que supone para las compañías la introducción de su responsabilidad penal  por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico, de tal forma que desde la aprobación de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal las personas jurídicas pueden ser consideradas autoras de un delito, y como tal tener que afrontar las penas fijadas por el legislador, que serán en todo caso económicas (pudiendo llegar las multas a los 9.000.000.- euros), además de otras de carácter accesorio pero que pueden ser de vital importancia para la subsistencia de la sociedad (disolución de la misma, prohibición de desarrollar la actividad en el marco de la cual se habría cometido la actuación delictiva, imposibilidad de contratar con las administraciones públicas, etc.)

La reforma ahora aprobada ha dejado de lado un polémico precepto, el 286 seis, incluido en el Proyecto de Ley elaborado por el anterior Ministro de Justicia, que suponía la introducción de un nuevo tipo penal en virtud del cual se castigaba al representante legal o administrador de hecho o de derecho de una empresa o entidad sin personalidad jurídica, que omitiere la adopción de las medidas de vigilancia o control que resultan exigibles para evitar la infracción de deberes o conductas peligrosas tipificadas como delito, cuando se dé inicio a la ejecución de una de esas conductas ilícitas que habría sido evitada o, al menos, seriamente dificultada, si se hubiera empleado la diligencia debida.

Por ello, una vez suprimida la introducción del citado tipo penal, la reforma en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas se centra en una modificación del texto del artículo 31 bis con la finalidad, según establece la exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, “de delimitar adecuadamente el contenido del «debido control», cuyo quebrantamiento permite fundamentar su responsabilidad penal”, así como la adición de los artículos 31 ter, 31 quater y 31 quinquies.

Conforme a la nueva redacción, las personas jurídicas serán penalmente responsables:  

a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma,  

b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.

Por su parte, el nuevo artículo 31 bis señala las condiciones necesarias para que la persona jurídica quede exenta de responsabilidad penal en caso de comisión de delitos por parte de los sujetos referidos en el primer apartado, a saber:

1.- La adopción y ejecución con eficacia por parte del órgano de administración, antes de la comisión del delito, de modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. A la vista de esta redacción habremos de esperar a la interpretación jurisprudencial de qué ha de entenderse por reducción significativa del riesgo a tales efectos.

2.- La supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado por parte de un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica.

Ha de señalarse que, conforme a la previsión del Código Penal, en el caso de “personas jurídicas de pequeñas dimensiones” -entendiendo por tales aquéllas que, según la legislación aplicable, estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada- estas funciones pueden ser directamente asumidas por el órgano de administración.    

3.- Que los autores individuales cometan el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención.  

4.- Que no se haya producido una omisión o un ejercicio insuficiente de las funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la segunda condición enumerada.

Esto es, se recoge expresamente en la nueva redacción del citado artículo 31 bis que la adopción y ejecución por parte del órgano de administración de modelos de organización y gestión que incluyan medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir la comisión de delitos es causa de exoneración de responsabilidad de la persona jurídica en caso de comisión de delitos por parte de los sujetos referidos en el segundo de los apartados anteriormente señalados. Incide por lo tanto la nueva regulación en la importancia de la implantación de dichos modelos para prevenir actuaciones delictivas o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión, de tal forma que los “eleva” a circunstancia eximente de responsabilidad penal.

Otro aspecto que ha sido objeto de modificación es el hecho de que ahora se recogen los requisitos que deben cumplir dichos modelos o Planes de Prevención de Delitos para su válida eficacia a efectos eximentes, introduciendo así cierta seguridad jurídica, pues hasta la fecha nada se señalaba al respecto en el artículo 31 bis, de tal forma que los expertos en la materia habíamos tenido que acudir a lo previsto en otros ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, así como al anglosajón.  

En definitiva, el nuevo artículo 31 bis C.P. supone:

− La limitación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas a los casos en que el incumplimiento del deber de vigilancia y control pueda calificarse de grave.

− La importancia de Planes de Prevención de Delitos o programas de “Corporate Compliance” como instrumento parta la prevención y reducción del riesgo de comisión de delitos y para la exoneración de responsabilidad penal, destacando que la supervisión de dichos programas puede atribuirse al órgano al que corresponda la eficacia de los controles internos de la empresa.

Asimismo, la reforma del Código Penal, que entrará en vigor el día 1 de julio de 2015, modifica también otros preceptos relativos a los delitos contra la propiedad y el patrimonio, cuya finalidad es, en palabras de la exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2015, ofrecer respuesta a los problemas que plantea la multirreincidencia y la criminalidad grave, para lo cual se suprime la falta de hurto, y se introduce un supuesto agravado aplicable a la delincuencia habitual. Además, sobre este extremo ha de indicarse que los supuestos de menor gravedad, que anteriormente se sancionaban como falta, se regulan ahora como delitos leves, si bien se excluye la consideración como leves de todos aquellos delitos en los que concurra alguna circunstancia de agravación, en particular, la comisión reiterada de delitos contra la propiedad y el patrimonio.

Por otro lado, la reforma modifica la regulación del delito de administración desleal el cual pasa de contemplarse como un delito societario a un delito patrimonial toda vez que cualquiera puede ser víctima del mismo, no sólo una sociedad. A través de este tipo penal se intenta proteger el patrimonio (i) de una persona individual o de una sociedad que confiere a otro su administración, o (ii) de aquel cuyo patrimonio ha sido puesto bajo la administración de otro, por decisión legal o de la autoridad, sancionándose las extralimitaciones en el ejercicio de las facultades de disposición sobre ese patrimonio ajeno, salvaguardando así que el administrador desempeñe su cargo con la diligencia de un ordenado empresario y con la lealtad de un fiel representante, en interés de su administrado.

Derivado de esta nueva regulación de la administración desleal, la reforma revisa también la de la apropiación indebida pues ya advertía la jurisprudencia a través de los múltiples pronunciamientos judiciales la dificultad que en ocasiones existía para delimitar cuándo nos encontrábamos ante uno u otro tipo penal. Ahora, la reforma está encaminada a delimitar expresamente los caracteres tipificadores de ambos delitos. Así, tal y como recoge la exposición de motivos quien incorpora a su patrimonio, o de cualquier modo ejerce facultades dominicales sobre una cosa mueble que ha recibido con obligación de restituirla, comete un delito de apropiación indebida. Pero quien recibe como administrador facultades de disposición sobre dinero, valores u otras cosas genéricas fungibles, no viene obligado a devolver las mismas cosas recibidas, sino otro tanto de la misma calidad y especie; por ello, quien recibe de otro dinero o valores con facultades para administrarlos, y realiza actuaciones para las que no había sido autorizado, perjudicando de este modo el patrimonio administrado, comete un delito de administración desleal.

Por último no puede dejar de señalarse que, como se indicaba al principio del presente artículo, la reciente reforma del Código Penal ha conllevado la modificación de más de dos centenares de artículos, muchos de ellos de gran repercusión mediática, en especial la prisión permanente revisable, que podrá ser impuesta únicamente en supuestos de excepcional gravedad, tales como asesinatos especialmente graves, homicidio del Jefe del Estado o de su heredero, de Jefes de Estado extranjeros y en los supuestos más graves de genocidio o de crímenes de la humanidad.

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