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VACIERO

NOVEDADES LEGALES Y JURISPRUDENCIALES

Resolución del 30 de agosto de 2017 de la DGRN sobre disolución y extinción de una SL

Son múltiples los conflictos entre los Juzgados de lo Mercantil y el Registro Mercantil, en la forma en que debe “orquestarse” la inscripción de la disolución de una sociedad de capital, extinta en virtud de auto declarando la conclusión de su concurso por insuficiencia de masa activa, acordando al tiempo su extinción y consiguiente cancelación de la inscripción en los registros públicos, con el cierre de las hojas registrales a los efectos concursales. En este supuesto concreto, el recurrente alega, que si bien la sociedad está extinguida por resolución judicial en procedimiento concursal, no por ello carece de personalidad jurídica residual y puede y debe realizar determinados actos respecto de operaciones de liquidación y de sus relaciones con socios y terceros. Y ello por cuanto la sociedad se disuelve y se extingue, pero resta liquidar sus activos que no pueden convertirse en “res nullius”.

La DGRN ha acordado estimar el recurso al entender que el concurso se ha declarado y concluido sin pasar por el trámite intermedio de la apertura de la liquidación, por lo que, al haber relaciones jurídicas pendientes, la liquidación societaria complementaria, fuera del concurso, no debe quedar al margen del Registro Mercantil. En este orden de ideas, admite que el cierre de la hoja registral no impida practicar asientos posteriores como los solicitados por el recurrente, entre ellos (i) de una parte el nombramiento de liquidador y (ii) las operaciones de liquidación reflejadas en la escritura calificada. Tal constancia registral tiene como soporte el artículo 248, apartados 1 y 2, del RRM, aplicado analógicamente, respecto de la inscripción, no obstante la cancelación efectuada,  del valor de la cuota adicional de liquidación que hubiera correspondido a cada uno de los antiguos socios en caso de activo sobrevenido.

Ley 3/2017, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017

El pasado 27 de junio, con gran retraso respecto a lo que es habitual, se aprobó la Ley 3/2017, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, en la que, como siempre, se recogen algunas novedades laborales y de Seguridad Social. Además de la “obligatoria” actualización de bases y tipos de cotización, se fija el interés legal del dinero en un 3%; se aplaza hasta 1 de enero de 2019 la entrada en vigor de las modificaciones del Estatuto del Trabajador autónomo, que permitirá la realización de actividad a tiempo parcial por parte de los trabajadores por cuenta propia, y se extiende el reconocimiento de la base de cotización al 100% del salario no reducido, durante el primer año, a los trabajadores que reduzcan su jornada para cuidar a una persona con discapacidad.


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