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Leyes Escoba

Nuevas Leyes de Procedimiento Administrtaivo y de Régimen Jurídico del Sector Público

El BOE del pasado 2 de octubre publica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que no entran en vigor de inmediato.

Ambas entrarán en vigor el 2 de octubre de 2016, continuando vigentes, entre otras, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Podría pensarse que estamos en presencia de dos nuevas Leyes trascendentales. Sin embargo, debemos dejar claro desde un principio que ninguna de las dos supone cambio significativo que incremente la protección jurídica de los ciudadanos o mejore sus relaciones con las Administraciones Públicas, que es lo que en definitiva interesa. Algún pequeño detalle como es la exclusión de los sábados como días hábiles dentro del procedimiento administrativo, pero no mucho más.

Con las nuevas Leyes, se han perseguido en realidad, dos objetivos. Por un lado, se ha efectuado una operación quirúrgica, mediante la que se ha extraído de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre todo aquello que no tuviera que ver estrictamente con el procedimiento administrativo, que se regula en la Ley 39/2015, mientras que el resto se ha volcado en la Ley 40/2015.

De esta forma, una Ley regula el procedimiento administrativo común y sólo éste, mientras que la otra contiene el régimen jurídico de lo que ahora viene a denominarse Sector Público y no sólo de las Administraciones Públicas. Y algo más, como luego diremos.

Esta operación puede tener alguna justificación, no así el extenso periodo de vacatio legis, nada menos que un año, que ambas leyes contienen, sobre todo teniendo en cuenta las próximas elecciones, tras la cuáles un eventual cambio de gobierno puede dejar la reforma en papel mojado.

Sin embargo, lo que no tiene justificación alguna es el segundo de los objetivos perseguidos por ambas Leyes, pues mediante las mismas se vienen a introducir reformas en numerosas y heterogéneas Leyes que poco o nada tienen que ver con el objeto al que ambas se refieren, generando además una innecesaria inseguridad jurídica respecto a la entrada en vigor de estas reformas.

Así, la Ley 39/2015 reforma la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (D.F. Tercera), pero como no se especifica nada respecto a su entrada en vigor, debe entenderse que esta reforma entra en vigor igualmente dentro de un año.

En el caso de la Ley 40/2015, además de derogar entre otras la Ley 6/1997, de 14 de abril de 1997, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, más conocida como LOFAGE, se viene a reformar la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional (D.F. Primera), el Decreto-Ley 12/1995, de 18 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera (D.F. Segunda); la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (D.F. Tercera); la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones (D.F. Cuarta); la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (D.F. Quinta); la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (D.F. Sexta); la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (D.F. Séptima); la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (D.F. Octava); el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (D.F. Novena); la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 (D.F. Décima) y la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (D.F. Undécima).

¿Y todas estas reformas cuándo entran en vigor? Para responder esa pregunta hay que someterse a una mareante disposición final decimoctava que no nos atrevemos a reproducir aquí., bastando con aclarar que unas lo harán al día siguiente de su publicación, otras a los veinte días, mientras que un tercer grupo lo harán a los seis meses de su publicación.

Todo un ejemplo de claridad y concisión en un mundo jurídico caracterizado por vivir en un estado permanente de modificaciones legislativas. En fin, aquí nos interesa sólo advertir de los cambios efectuados y señalar que en materias tan relevantes para el Estado de Derecho como es el régimen jurídico del procedimiento administrativo y de las Administraciones Públicas, en general, aunque sean cambios meramente estratégicos, deberían haber sido tratados de forma individualizada, sin retrasar tanto su entrada en vigor y por tanto sin servir de escoba a la modificación de un variopinto elenco de Leyes que no guardan relación alguna entre sí, generando la correspondiente confusión a los ciudadanos.

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