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TRIBUNA. Cláusulas suelo, la justicia en la encrucijada

Cláusulas suelo, la justicia en la encrucijada

Que la Justicia es un pilar esencial del Estado de Derecho, es algo que nadie duda. Y que la mala administración de justicia es desde hace años uno de los principales problemas de este país, tampoco.

Falta de medios, lentitud, desorganización, ineficacia, politización… Así lo dicen todas las asociaciones de jueces y, salvo en lo relativo a la politización, lo reconoce hasta el mismísimo Rafael Catalá, que al ser nombrado ministro, en noviembre de 2016, manifestó que “la gran reforma estructural que queda pendiente en nuestra democracia es la de la Justicia”.

En el año 2015 la Comisión Europea publicaba un cuadro de indicadores sobre el funcionamiento de la Justicia en la Unión Europea (“The 2015 UE Justice Scorboard”). Sus conclusiones eran demoledoras para España: la Justicia española es poco eficiente, de escasa calidad y, sobre todo, una de las menos independientes de Europa (de los 28 países analizados, solo Croacia, Bulgaria y Eslovaquia nos superaban en falta de independencia).

A pesar de todo, la administración de justicia, lejos de mejorar, se ha ido deteriorando en los últimos años. Una situación que se ha agravado con la crisis. Cláusulas suelo, preferentes, ejecuciones hipotecarias, reclamaciones de cantidad, despidos…

Solo en cuanto a cláusulas suelo, se calcula que hay un millón y medio de ciudadanos con este tipo de estipulaciones en sus hipotecas. Según el Banco de España, el impacto de procedimientos judiciales por cláusulas suelo podría alcanzar los 4.200 millones de euros. Para hacerse una idea de la magnitud del problema, esta cifra representa más del doble de los beneficios obtenidos en España el año pasado por sus tres principales entidades bancarias: Santander, BBVA y Caixabank.

Son ya miles las sentencias dictadas hasta el momento en esta materia, en muchos casos contradictorias, lo que ha provocado desconcierto e inseguridad jurídica.

Bien conocida es la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, que poniendo fin a un proceso iniciado por Ausbanc frente a varias entidades bancarias, estimó que no procedía reconocer efectos retroactivos a la nulidad de las cláusulas suelo, pues ello generaría un riesgo de trastornos graves en el orden público económico. Tres años y medio más tarde, el 21 de diciembre de 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) va y le enmienda la plana a nuestro Tribunal Supremo al entender que en los casos de nulidad de la cláusula procedía la devolución de las cantidades indebidamente pagadas desde el inicio de la hipoteca, y no solo desde 9 de mayo de 2013.

 

Con estos antecedentes, la avalancha de reclamaciones por cláusulas suelo está servida. Y, no se olvide, el impacto en el orden público económico, también.

Conscientes de ello, se han propuesto por parte de los gobiernos afectados, el de la nación y el de los jueces, respectivamente, dos medidas. La primera, ya adoptada, la publicación del Real Decreto-ley de 20 de enero de 2017, que obligaba a las entidades bancarias a implantar un sistema de reclamación previa a la interposición de las demandas judiciales, tratando pues de evitar estas.

La segunda, propuesta por el Consejo General del Poder Judicial, consiste en que cada provincia española cuente con un juzgado especializado en cláusulas abusivas de las hipotecas.

Con todo, no parece que la cosa tenga fácil solución en España. Implementar juzgados especiales es eficaz si se trata de juzgados de nueva creación a los que se les dote de los necesarios medios materiales y humanos.

Pero la verdadera solución al problema necesita de un enfoque global que afecte a toda la administración de justicia. Más medios y recursos, por supuesto, pero también una mejor organización (incluida la territorial) y unos procedimientos ágiles y eficaces que se adapten a los tiempos y a las necesidades modernas.

En esta misma línea se ha manifestado el ministro de Justicia, que al igual que lo hicieran sus predecesores, admite expresamente que no solo son necesarios más medios, sino que es imprescindible que estos vayan acompañados de una mejor organización. Todo el mundo coincidimos en el diagnóstico. En lo que no todos estamos de acuerdo es en la gravedad del enfermo. Y, sobre todo, en la necesidad (/voluntad) real, y no solo declarada, de aplicar un tratamiento eficaz al enfermo.

*Javier Goizueta es abogado, analista financiero y socio director de VACIERO, firma española de referencia en asesoramiento legal y financiero a empresas. Desde 1993 hasta 2014 ha sido abogado asociado en Cuatrecasas, Director en el área legal de KPMG, y General Counsel de Gamesa en Latinoamérica. Ha dado clases de Derecho Civil y Mercantil en diversas Universidades y másteres jurídicos.

 

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