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VACIERO

TRIBUNA.  Las dificultades de la justicia española ante el problema de las cláusulas suelo

Las dificultades de la justicia española ante el problema de las cláusulas suelo

La administración de justicia es, desde hace años en España, uno de los principales problemas que afronta el país, y así aparece en todos los listados de los mayores males que aquejan a España.

Falta de medios, lentitud, desorganización, ineficacia, politización… Ningún gobierno ha podido hasta el momento (o, lo que es peor, ha querido) dar una solución al problema. Quizás, se piensa, porque no es políticamente rentable desgastarse en solucionar una Justica lenta y obsoleta, quizás porque acaso parezca mejor y más cómodo al poder político ‘vivir así’. Esa, al menos, es la sensación que tiene el ciudadano, y a juzgar por la actuación de los sucesivos gobiernos, no parece alejada de la realidad.

Lo cierto es que, al margen de la voluntad política de solucionar el asunto, la administración de justicia, lejos de mejorar, se ha ido deteriorando progresivamente en los últimos años. La si-tuación se ha agravado con la crisis, afectando especialmente a los juzgados de Primera Instancia, de lo Mercantil y de lo Social. Cláusulas suelo, preferentes, ejecuciones hipotecarias, reclamaciones de cantidad, desahucios y despidos son los procesos judiciales que más han aumentado.

Solo en cuanto a cláusulas suelo, se calcula que hay un millón y medio de ciudadanos con hipotecas con este tipo de cláusulas. Según la estimación que hace el Banco de España, el impacto de procedimientos judiciales por cláusulas suelo podría alcanzar los 4.200 millones de euros. Para hacerse una idea de la magnitud de la cifra, esta cantidad representa más del doble del beneficio obtenido en España en 2016 por las tres principales entidades bancarias nacionales, Santander, BBVA y Caixabank.

Tras varias sentencias de tribunales inferiores, el 9 de mayo de 2013 se hizo pública la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo sobre las cláusulas suelo en los créditos hipotecarios, poniendo término a un proceso que se inició por Ausbanc contra varias entidades de crédito (BBVA, Cajamar, Cajas Rurales Unidas y Nova Caixa Galicia). Es bien conocido que ni el Tribunal Supremo, ni ningún tribunal, han declarado ilícitas estas cláusulas por sí mismas: la condena a cesar en el uso de estas cláusulas y a eliminarlas por abusivas, no se basa en su ilicitud intrínseca, sino en su falta de transparencia, entendida como insuficiente información al consumidor.

La referida sentencia del Tribunal Supremo estimaba que no procedía reconocer efectos retroactivos a la nulidad de las cláusulas controvertidas, y por tanto, no afectaría a los pagos ya realizados antes de la publicación de la misma, ya que la retroactividad generaría el riesgo de trastornos graves con transcendencia en el orden público económico.

El 21 de diciembre de 2016 llegó la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), cuya doctrina generó, según el Tribunal Supremo, un riesgo de trastorno grave al orden público económico español al entender que en los casos en que se declare abusiva la cláusula suelo se considera que nunca ha existido, y por tanto procede la devolución de las cantidades indebidamente pagadas desde el inicio del préstamo, y no solo desde el 9 de mayo de 2013.

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal, en su sesión de 15 de febrero de 2017, ha tenido oportunidad de adaptar su doctrina a la sentencia del TJUE, declarando la retroactividad total de la nulidad de las cláusulas suelo con motivo de la desestimación de un recurso de casación de BBVA contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que, tras declarar la nulidad de la cláusula suelo, concedía efectos restitutorios desde la fecha de suscripción del préstamo hipotecario.

Con estos antecedentes, la avalancha de reclamaciones por cláusulas suelo está servida. Y el impacto en el orden público económico, también.

El sistema judicial español no está desde luego preparado para afrontar de forma ágil y eficaz esta avalancha. De ello, y de la cantidad de reclamaciones que se avecinan, es consciente el gobierno. Esa es la razón, en parte, del Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo: Como es previsible —reza el Real Decreto— que el reciente pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea suponga el incremento de las demandas de consumidores afectados solicitando la restitución de las cantidades pagadas en aplicación de las cláusulas suelo, resulta de extraordinaria y urgente necesidad arbitrar un cauce sencillo y ordenado, de carácter voluntario para el consumidor, que facilite que pueda llegar a un acuerdo con la entidad de crédito que les permita solucionar sus diferencias mediante la restitución de dichas cantidades.

El Real Decreto obliga a las entidades bancarias a implantar un sistema de reclamación previa a la interposición de las demandas judiciales. Se trata, en definitiva, de dotar de un instrumento sencillo y gratuito, de fácil acceso para el consumidor, que trata de lograr una solución extrajudicial entre las partes, evitando así la interposición de demandas.

A pesar de ello, tanto el poder judicial como el gobierno son conscientes de que las medidas adoptadas por el Real Decreto no constituyen por sí mismas una solución definitiva, ya que si bien disminuirá el número de procedimientos judiciales, no podrán evitar, desde luego, la interposición de un número ingente de demandas que podrían llegar a colapsar los juzgados. Prueba de ello es que el Consejo General del Poder Judicial propuso en febrero que ca-da provincia española cuente a partir de junio con un juzgado especializado en cláusulas abusivas de las hipotecas, medida especialmente propuesta para hacer frente al previsible aumento de litigios relacionados con las cláusulas suelo.

La idea de especializar y concentrar en determinados Juzgados el conocimiento de tales asuntos se realiza al amparo del artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero, en nuestra opinión, esta medida solo será efectiva si se atribuye la competencia a juzgados de nueva creación (y no, por supuesto, a los ya preexistentes), a los que se les dote de los necesarios medios materiales y humanos.

La medida tiene sus pros y contras, pero qué duda cabe que si efectivamente se crean nuevos juzgados con suficientes medios materiales y adscripción de un número adecuado de funcionarios, se aliviará notablemente el colapso que podrían sufrir –hoy ya lo sufren- los juzgados.

Por lo demás, no creemos que en el actual marco normativo el recurso a las demandas colectivas pueda ser una solución debido a la lenta resolución de las mismas, pues una demanda de este tipo puede tardar varios años en resolverse, mientras que una demanda in-dividual puede estar resuelta en menos de ocho meses. En nuestra práctica diaria nos hemos encontrado con numerosas demandas en las cuales la parte actora había desistido previamente de la demanda colectiva interpuesta dado el tiempo que llevaban esperando su tramitación. Además, las resoluciones de estos pleitos no surten el efecto de cosa juzgada y la declaración de nulidad no se extiende ‘erga omnes’, por lo que las mismas, de cara al afectado, están dejando de resultar atractivas.

El recurso a medios alternativos para la solución de conflictos como son el arbitraje y la mediación, tampoco constituye, a nuestro entender y por diferentes motivos, una solución adecuada al problema. No en vano, ninguno de estos medios se está utilizando para resolver los conflictos generados por las cláusulas suelo.

¿Qué se puede decir ante semejante panorama?: que la cosa tiene difícil solución en España. En nuestro país no existen mecanismos ágiles y eficaces de resolución de conflictos en masa. El problema de las cláusulas suelo y el colapso de la administración de justicia existe desde hace años. Y, eso sí, se prevé que aumente notablemente a raíz de la sentencia del TJUE. Se busca entonces una solución ad hoc, parcial, específica, un parche puntual a un problema concreto en un entorno de mal funcionamiento general de la administración de justicia, sin que en nuestra legislación exista una previsión general y global previa que establezca el modo de afrontar adecuadamente estas situaciones.

A lo más que se puede aspirar en este momento, y de eso parecen conscientes los diferentes actores, es a poner un parche al problema. Que puede no ser malo si de verdad se crean juzgados nuevos a los que se dote de los medios materiales adecuados y a los que se adscriba a un número suficiente de funcionarios. Pero la verdadera solución al problema necesita de un enfoque global, que afecte a toda la administración de justicia, y no solo un parche parcial, que afecte a las demandas por cláusulas suelo. Más medios, materiales y humanos, y un sistema y unos procedimientos modernos, adaptados a los tiempos y a las necesidades actuales, ágiles y eficaces. En definitiva, una reforma en profundidad de la administración de justicia. Una administración de justicia que funcionara correctamente haría más fácil y eficaz solucionar el problema de saturación que para los tribunales representan las cláusulas suelo.

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