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VACIERO

Nuevo parche
al sistema concursal

Begoña González Díaz. Socia Vaciero Abogados - Derecho Mercantil y Societario

Nuevo parche al sistema concursal: Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal.

El pasado 26 de mayo se publicó en el BOE una nueva y “urgente” reforma de la “parcheada” Ley Concursal, llamada la Ley 9/2015, de 25 de mayo de medidas urgentes en materia concursal, respecto de la que destacamos las siguientes cuestiones:

1. La Administración concursal, en tanto que órgano que debe velar por los intereses del concurso, administrando el patrimonio o supervisando las actuaciones del deudor; actuando además como “mano derecha” del Juez Mercantil, ve ahora ampliadas sus funciones de carácter informativo.

Lo anterior, a fin de que todos los acreedores, personados o no, cuenten con idéntico grado de conocimiento, en evitación de desigualdades entre quienes opten por personarse o no, en función de que su mayor o menor crédito reconocido “merezca” la inversión en costear una representación procesal. De este modo, el Administrador concursal, deberá remitir telemáticamente a los acreedores tanto el convenio, como su informe al respecto de su contenido, los textos definitivos, informes trimestrales de liquidación y escrito de rendición de cuentas, agilizando la tramitación y facilitando el acceso de todos al proceso.

Además, algunos de estos documentos deben publicarse en el Registro Público Concursal, al que también ha de remitirse, una vez aprobado,  el Plan de Liquidación de las personas jurídicas concursadas, a fin de facilitar la enajenación de sus activos

2. En congruencia con lo anterior, se contemplan también mejoras en la liquidación, en evitación de que los contratos y activos pierdan valor ante un lento proceso de venta, buscando su pronta transmisión, así como la de licencias y permisos administrativos, en los que se entenderá subrogado el adquirente. Ello, en el afán de buscar la “continuidad”, sino de la compañía que concursa, sí de la actividad empresarial que venía desarrollando, mediante su traspaso en bloque a un tercero, que se facilita.

Las reglas de liquidación del artículo 149 LC, en general, siguen siendo supletorias, si bien se clarifica cuándo se aplica en todo caso y cuándo sólo en ausencia de previsión en el plan de liquidación. Además en liquidación se introducen las siguientes medidas:

  • Se arbitran sistemas de exención de responsabilidad por deudas previas, salvo las de Seguridad Social que se heredan. Y es que, a pesar de que una enmienda excluía la sucesión de empresa, a efectos de Seguridad Social, en caso de enajenación conjunta o de unidades productivas, tema sobre el que los tribunales se venían pronunciando de forma dispar, la norma finalmente no recoge esta propuesta, lo que a todas luces comporta una importante traba en la transmisión de unidades productivas. Además, sigue la duda de si la sucesión se refiere al crédito devengado en relación a los trabajadores cedidos o a la totalidad del crédito impagado.
  • Se obliga a que los ofertantes de la subasta incluyan una partida relativa a los gastos realizados por la empresa para la conservación de la actividad hasta la adjudicación definitiva, lo que puede pugnar con la imprevisibilidad de los tiempos de la liquidación.
  • En caso de cesiones en pago o para el pago de activos, el juez puede retener el 15% de la masa, a fin de satisfacer futuras impugnaciones.
  • Cuando se ejecuten bienes o derechos afectos a un crédito con privilegio especial, el acreedor privilegiado, se hará con el monto total que no exceda del crédito ordinario.

3. Por lo que respecta a la solución “convencional” del concurso, las modificaciones esenciales se ciñen a:

  • La inclusión en el “quórum” para la constitución de la junta de acreedores a los acreedores privilegiados, al establecer que la junta puede constituirse no solo con la mitad del pasivo ordinario, sino también con la mitad del pasivo que pueda resultar afectado por el convenio, excluidos los acreedores subordinados.
  • Se fomenta la compraventa de créditos concursales, permitiendo que quienes adquieran uno de estos créditos con posterioridad al auto declarando a la compañía en concurso, pueden votar, siempre que no tengan la condición de personas especialmente relacionadas.
  • Se amplía la capacidad de arrastre de los acreedores disidentes en los convenios, en determinadas circunstancias contempladas en el artículo 134 de la LC.

4. En lo que atañe a la Sección de calificación, se modifica el artículo 167 LC y clarifica el concepto “clase” para los casos en los que no proceda la formación de la Sección VI , esto es, cuando se apruebe un convenio en el que se establezca para todos los acreedores o para los de una o varias clases, entendiendo por tales las del artículo 94.2 al que se remite expresamente ((i) laborales; (ii) públicos; (iii) financieros y resto entre los se incluyen los acreedores por operaciones comerciales y otros.

5. Como si de un cajón desastre se tratara, esta ley de “medidas urgentes en materia concursal” no se ciñe a su apellido e incluye además una amalgama de modificaciones ajenas al procedimiento concursal, como (i) ampliar las competencias del órgano de administración de una sociedad de capital para mudar el domicilio social dentro del territorio nacional; (ii) modifica la LEC para dar cabida a la STJUE de 17 de junio de 2014 en materia de ejecuciones hipotecarias, de forma tal que el deudor hipotecario podrá interponer recurso de apelación contra el auto que desestime su oposición a la ejecución, si esta se fundara en la existencia de una cláusula contractual abusiva.

En último término y ya en lo que siempre se recogen como “buenas intenciones”, se crea una Comisión de seguimiento en materia de prácticas de refinanciación y reducción de sobreendeudamiento, amén de autorizar al Gobierno para que en 12 meses, a contar desde la entrada en vigor de la norma, publique un texto en el que se refundan todas estas medidas que, con o sin “urgencia” justificada, han venido “remendando” nuestra actual Ley Concursal.

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