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La jurisdicción voluntaria: un paso hacia la modernización y acercamiento de la justicia al ciudadano

La jurisdicción voluntaria podría definirse como una actividad jurisdiccional en la que no hay litigio o partes enfrentadas, y que comprende un conjunto heterogéneo de actos en los que no hay oposición de persona determinada, sino que van encaminados a constituir relaciones jurídicas, modificarlas y desarrollarlas en el ámbito civil o mercantil.

Hasta el pasado 23 de julio los expedientes de jurisdicción voluntaria se encontraban regulados en la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 que permanecía vigente para esta materia, siendo ahora  sustituida por la reciente Ley 15/2015, de la Jurisdicción Voluntaria, de 2 de julio, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado al día siguiente. A efectos del citado texto legal se consideran expedientes de jurisdicción voluntaria “todos aquellos que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de Derecho civil y mercantil, sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso”.

La promulgación del referido texto legal obedece a un mandato realizado al ejecutivo por la disposición final decimoctava de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, a quien le encomendaba la remisión de un proyecto de ley a las Cortes Generales y ello con el objetivo de adaptar nuestra normativa a legislación de nuestro entorno que tiene separada la jurisdicción voluntaria de la regulación procesal común o contenciosa, y de modernizar un sector de nuestro derecho que no ha merecido tan detenida atención por el legislador o los autores como otros ámbitos de la actividad judicial pero en el que están en juego intereses de gran relevancia dentro de la esfera personal y patrimonial de las personas. Y esto último es así toda vez que la jurisdicción voluntaria abarca materias como el derecho familia, derecho sucesorio, derecho de obligaciones, derechos reales, subastas voluntarias, materia mercantil, y la conciliación.

Otro de los objetivos de la modificación consiste en facilitar a los ciudadanos una regulación legal sistemática, ordenada y completa de los diferentes expedientes que se comprenden en ella, actualizando y simplificando las normas relativas a su tramitación, tratando de optar por el cauce menos costoso y más rápido desde el respeto máximo de las garantías y seguridad jurídica. De esta forma se atribuye el conocimiento de un número significativo de los asuntos que tradicionalmente se incluían bajo la rúbrica de la jurisdicción voluntaria a operadores jurídicos no investidos de potestad jurisdiccional tales como Secretarios Judiciales, Notarios, Registradores de la Propiedad y Mercantiles, compartiendo con carácter general la competencia para su conocimiento, de tal forma que se reduce la carga de trabajo no jurisdiccional de los Jueces quienes, no obstante, seguirán conociendo con carácter general sobre los expedientes que afecten al interés público o al estado civil de las personas, que precisen una especial tutela, cuando afecten a derechos de menores o incapaces, ahora “personas cuya capacidad está modificada judicialmente”, cuando se trata de expedientes de naturaleza constitutiva.

Así, la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria atribuye a los Secretarios Judiciales el impulso de los procedimientos de jurisdicción voluntaria dentro de sus funciones de dirección técnica procesal, y les dota de competencia para dictar las resoluciones interlocutorias que sean precisas, y para decidir algunos expedientes en los que se pretende obtener la constancia fehaciente sobre el modo de ser de un determinado derecho o situación jurídica. De esta manera, los Secretarios Judiciales resolverán la mayor parte de los expedientes de Derecho mercantil y algunos expedientes de Derecho civil.

Por su parte los Notarios y Registradores ven acrecidas sus funciones de velar por la seguridad jurídica preventiva que les son propias. En concreto, a los Notarios se les atribuye ahora en exclusiva el conocimiento sobre presentación, adveración, apertura y protocolización de los testamentos cerrados, ológrafos y los otorgados en forma oral, además de la declaración de herederos abintestato y la venta extrajudicial de bienes hipotecados. Igualmente, con la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria los Notarios aumentan sus competencias al conocer, de forma concurrente con los Secretarios Judiciales, expedientes tales como la consignación, la subasta notarial, el depósito mercantil, el nombramiento de peritos en contratos de seguro o la amortización de títulos-valor, además de los "procedimientos monitorios notariales" y la posibilidad de llevar a cabo la celebración del matrimonio y para la separación matrimonial o el divorcio cuando sea de mutuo acuerdo y no haya hijos menores de edad.

En cuanto a los Registradores Mercantiles a éstos se les atribuyen nuevas competencias en materia de Derecho societario, tales como la convocatoria de Junta General, la conciliación registral, la posibilidad de someter a auditoría las cuentas anuales ordinarias o consolidadas de las empresas y la designación, en su caso, del auditor.

La Ley de Jurisdicción Voluntaria se estructura en nueve títulos, el primero de ellos hace referencia a las normas comunes para la tramitación de los expedientes de jurisdicción voluntaria. En concreto en su capítulo II se regula un procedimiento general aplicable a todos los expedientes en lo no establecido en sus normas específicas, desde su iniciación hasta su decisión, incluyéndose normas sobre acumulación de expedientes, tratamiento procesal de la competencia, admisión de la solicitud y situación de los interesados, celebración de la comparecencia oral, decisión del expediente y régimen de recursos, materia ésta última en la que la Ley se remite a lo establecido, con carácter general, por la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El Título II regula los expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de personas tales como la autorización judicial del reconocimiento de la filiación no matrimonial, el de habilitación para comparecer en juicio y el nombramiento del defensor judicial, así como la adopción y las cuestiones relativas a la tutela, la curatela y la guarda de hecho, concesión judicial de la emancipación y del beneficio de la mayoría de edad, la adopción de medidas de protección del patrimonio de las personas con discapacidad o la obtención de aprobación judicial del consentimiento prestado a las intromisiones legítimas en el derecho al honor, a la intimidad o la propia imagen de menores o personas con capacidad modificada judicialmente, autorización o aprobación judicial para realizar actos de disposición, gravamen u otros que se refieran a los bienes o derechos de menores o personas con capacidad modificada judicialmente, el sistema de declaración de fallecimiento, y, por último, el procedimiento para la constatación de la concurrencia del consentimiento libre y consciente del donante y demás requisitos exigidos para la extracción y trasplante de órganos de un donante vivo, de manera concordante con la legislación interna e internacional aplicable.

El Título III contiene la regulación de los expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de familia dentro de los cuales se incluye la dispensa del impedimento de muerte dolosa del cónyuge anterior, y el de parentesco para contraer matrimonio, el de intervención judicial en relación con la adopción de medidas específicas para el caso de desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad o para el caso de ejercicio inadecuado de la potestad de guarda o de administración de los bienes del menor o persona con capacidad modificada judicialmente y también un expediente para los casos de desacuerdo conyugal y en la administración de bienes gananciales. Referir que se ha eliminado la dispensa matrimonial de edad, al elevarla de 14 a 16 años.

A continuación el Título IV regula los expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de derecho sucesorio distinguiéndose entre (i) los expedientes reservados al ámbito judicial (rendición de cuentas del albaceazgo, las autorizaciones de actos de disposición al albacea o la autorización o aprobación de la aceptación o repudiación de la herencia en los casos determinados por la ley), (ii) los expedientes a cargo del Secretario judicial con competencia compartida con los Notarios (renuncia o prórroga del cargo de albacea o contador-partidor, la designación de éste y la aprobación de la partición de la herencia realizada por el contador-partidor dativo), y (iii) siendo ahora los demás expedientes de Derecho sucesorio competencia de los Notarios.

El Título V regula los expedientes de jurisdicción voluntaria relativos al Derecho de obligaciones, en concreto el relativo a la fijación del plazo para el cumplimiento de las obligaciones cuando proceda, del que conocerá el Juez, y la consignación judicial a cargo del Secretario judicial.

Por su parte el Título VI se refiere a los expedientes de jurisdicción voluntaria relativos a los derechos reales los cuales vienen constituidos por la autorización judicial al usufructuario para reclamar créditos vencidos que formen parte del usufructo, y por el expediente de deslinde sobre fincas que no estuvieran inscritas en el Registro de la Propiedad que será a cargo del Secretario judicial.

El Título VII contiene la regulación de las subastas voluntarias que se realizarán por el Secretario judicial de forma electrónica, y el Título VIII incorpora los expedientes en materia mercantil atribuidos a los Jueces de lo Mercantil (exhibición de libros por parte de los obligados a llevar contabilidad y disolución judicial de sociedades).  Junto a estos se  regulan aquellos que son atribuidos de manera compartida a los Secretarios judiciales y a los Registradores Mercantiles, tales como la convocatoria de las juntas generales o de la asamblea general de obligacionistas, la reducción de capital social, amortización o enajenación de las participaciones o acciones o el nombramiento de liquidador, auditor o interventor. Además de lo anterior a los Notarios también se les atribuye la competencia de los expedientes de robo, hurto, extravío o destrucción de título valor o representación de partes de socio y el nombramiento de perito en los contratos de seguro.

Por último el Título IX contiene el régimen jurídico del acto de conciliación dirigido a evitar una futura contienda judicial.

Consecuentemente con esta reforma se ha procedido a modificar determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil para la adaptación de muchos de sus preceptos a las nuevas previsiones contenidas en la Ley de Jurisdicción Voluntaria 15/2015.

Si bien la repercusión social de esta ley vino originada por las reformas introducidas en materia de personas y de derecho de familia, y en especial de posibilidad de contraer o disolver el matrimonio ante Notario, merece especial atención la posibilidad de acudir a dicho fedatario público para reclamar notarialmente deudas dinerarias que resulten no contradichas y que permiten lograr una carta de pago voluntaria o la formación mediante un expediente, de un título ejecutivo extrajudicial al que el deudor podrá oponer, en vía judicial, no sólo el pago sino todas aquellas causas establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pese a que coloquialmente ya se está denominando “monitorio notarial” no se trata de tal procedimiento sino que busca crear un título ejecutivo para créditos no impugnados, quedando excluidas las reclamaciones en las que intervenga un consumidor o usuario de servicios, o las derivadas de la Ley de Propiedad Horizontal por las especialidades que concurren en ellas, así como los asunto indisponibles por razón de su materia. Se considera que esta nueva vía para la reclamación de cantidades líquidas ya vencidas y no pagadas puede contribuir de forma notable a una importante disminución del volumen de asuntos que ingresa anualmente en los Juzgados, al constituirse como una alternativa a la reclamación de las deudas en vía judicial.

Como ya se ha indicado con anterioridad, el grueso de la Ley entró en vigor el pasado 23 de julio si bien la disposición final 21ª del texto establece un calendario de entrada en vigor de la norma que se va a prorrogar hasta el 30 de junio de 2017 para materias  relativas al derecho matrimonial.

Po lo tanto la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria tiene una indudable importancia tanto para las personas físicas y jurídicas como para los operadores jurídicos toda vez que en algún momento de su trayectoria se van a enfrentar a un expediente de jurisdicción voluntaria dado que las materias reguladas por la ley afectan a la cotidianeidad y aspectos básicos de su existencia, tanto en su esfera personal como patrimonial y profesional.

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