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VACIERO

NOTICIA. Vaciero opina sobre el Caso Marea

La sentencia de "Marea", el mayor caso de corrupción juzgado en Asturias, se conocerá el 1 de septiembre, según ha resuelto la sección tercera de la Audiencia Provincial, que se había impuesto esa fecha como último extremo y con la que se trata de dar un margen al tribunal teniendo en cuenta que se trata de uno de los procedimientos más voluminoso de los que se han tratado en la jurisdicción penal del Principado. Las partes interesadas calculan que el fallo judicial superará los 1.000 folios.

El Tribunal detalla en la providencia que acaba de hacer pública que la notificación a los procuradores de las partes se realizarán telemáticamente, por el sistema "lexnet", que es el que se utiliza de manera habitual para comunicarles las resoluciones judiciales. Se precisa además que se hará entre las 10,30 y las 11,30 horas del 1 de septiembre. Al Ministerio Fiscal, que no está incluido en dicho sistema, se le practicará la notificación ese día en forma ordinaria. Por último, a los acusados, responsables civiles y perjudicados se les irá notificando la sentencia en fechas posteriores al día 1, en la Secretaría del Tribunal a los domiciliados en el partido judicial de Oviedo y mediante exhorto a los residentes fuera de esta demarcación.

La providencia también indica que en tanto no se practique la última de las notificaciones personales de la sentencia o de las resoluciones que concedan o denieguen su aclaración, no empezará a correr el plazo para anunciar los recursos.

El juicio del "caso Marea" comenzó en abril de 2016 y se prolongó durante cuatro meses, hasta el 30 de julio. Se sentaron en el banquillo un total de 13 acusados, entre los que destacaban el exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, la que fue su mano derecha, María Jesús Otero, una funcionaria de dicha consejería, Marta Renedo Avilés, además de empresarios. Los dos principales encausados se enfrentan a la solicitud de penas de diez años y medio y once años y medio de cárcel.

RESUMEN

Trece personas han compartido el banquillo de los acusados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial a lo largo de las 40 sesiones del juicio, distribuidas en cuatro meses, entre abril y julio de 2016, en las que declararon un centenar de testigos. Entre los procesados figuran el exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, su número 2, María Jesús Otero, cuatro empresarios y siete funcionarios. Las primeras estimaciones cifran el monto total del supuesto fraude en 6’5 millones de euros. Estas son algunas de las claves del macroproceso.

¿Quién integra el tribunal?

La Sala está integrada por los magistrados Javier Domínguez Begega (presidente), Ana Álvarez Rodríguez y Francisco Javier Rodríguez Santocildes. Éste último es el ponente de la sentencia.

¿Quiénes son los acusados?

Los acusados son José Luis Iglesias Riopedre, exconsejero de educación; María Jesús Otero, exdirectora general de Planificación y Centros; Marta Renedo, exjefa de servicio de Procesos Administrativos en la Dirección General de Modernización del Principado; los empresarios Víctor Manuel Muñiz, exgerente de Comercial Asturiana de Papelería S.A. (Igrafo); Alfonso Carlos Sánchez, exdueño de Almacenes Pumarín S. A. (APSA); Maximino Fernández, de ASAC Comunicaciones; Antonio José Azorín, de Nora Proyectos e Ingeniería, y los funcionarios Paz Pendás, Isaac Ovies y José Villa, adscritos al Ayuntamiento de Oviedo; Braulio Iglesias, del Ayuntamiento de Avilés; Francisco Javier Juárez, del Ayuntamiento de Mieres, y José Blanco, de la Universidad de Oviedo.

¿Cuál era el modus operandi?

El caso fue destapado en el año 2010. El presunto fraude consistiría en el supuesto amaño de contratos para la adjudicación de obras realizado desde las consejerías de Educación y Cultura, con los que, según la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA, habrían obtenido pingües beneficios tanto los entonces propietarios de Igrafo y Almacenes Pumarín como los máximos responsables de Educación en la etapa de gobierno del presidente socialista Vicente Álvarez Areces, quienes presuntamente «recibieron regalos, provocaron sobrecostes y utilizaron remanentes» del presupuesto de la consejería para favorecer los supuestos tratos de favor a esas empresas.

Los cargos imputados

La Fiscalía considera que José Luis Iglesias Riopedre y María Jesús Otero incurrieron presuntamente en los delitos de prevaricación, fraude y exacciones fiscales, malversación de caudales públicos y cohecho.

El operativo policial que desembocó en el «Caso Marea» o «Caso Renedo», como se denominó indistintamente, se inició a través de la investigación sobre la funcionaria Marta Renedo. La Fiscalía atribuye a la exjefa de servicio su presunta autoría en un delito continuado de falsificación de documento oficial en concurso medial con otro de malversación de caudales públicos, y otro continuado de cohecho. La acusación considera que Renedo «se quedó para sí o para entidades vinculadas a ella» un total de 1,88 millones de euros procedentes de la administración regional y recibió 460.000 euros de los entonces gerentes de Igrafo y Almacenes Pumarín presuntamente para favorecer a sus empresas.

Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez están acusados de los delitos de cohecho y falsificación como presuntos autores, y de fraude, exacciones ilegales y malversación como cooperadores necesarios, Maximino Fernández está acusado de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con otro de malversación de caudales públicos como cooperador necesario, mientras que Antonio José Azorín afronta su presunta responsabilidad en los delitos de falsificación de documentos mercantiles, así como de fraude y exacciones ilegales.

La Audiencia también recogía en un auto la posible existencia de indicios de criminalidad por su presunta autoría en delitos de cohecho en las conductas de los funcionarios Paz Rodríguez Pendás, José Villa Cantero, Isaac Ovies García, Francisco Javier Juárez, Braulio iglesias y José Manuel Blanco.

Las peticiones de condena

La Fiscalía solicita la mayor petición de condena para María Jesús Otero, quien se enfrenta a una petición de once años y medio de prisión y a una multa de 2,5 millones de euros, cantidad que estima que recibió «como mínimo» de los gerentes de Igrafo y Almacenes Pumarín.

Para el exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre solicita diez años y medio de cárcel y una multa de 400.000 euros.

La acusación pública interesa la imposición a Marta Renedo de una pena de 10 años de cárcel y una multa de 480.000 euros.

A sendas penas de nueve años de cárcel y multas por importe de 1,5 y 1,9 millones de euros, respectivamente, asciende la petición para Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez, mientras que la solicitud de pena para Maximino Fernández se eleva a cuatro años y la de Antonio José Azorín asciende a tres años de cárcel.

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