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VACIERO

Compendio de novedades laborales del último cuatrimestre

En los últimos meses se han publicado diversas normas con implicaciones laborales, que conviene repasar, si bien se adelanta al lector que no se está en presencia de reformas de gran calado.

En el mes de junio, en concreto el día 20, se publicaron en el BOE cuatro normas con trascendencia laboral, entre las que cabe destacar la Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva para los años 2015, 2016 y 2017, y la Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, sobre gestión de los procesos de incapacidad temporal (en adelante, IT).

Por lo que se refiere al Acuerdo, suscrito por CEOE y Cepyme, por un lado, y CCOO y UGT, por otro, debe resaltarse que en el mismo se establecen los criterios en materia salarial para el ejercicio presente (2015), y los dos siguientes, acordándose como directriz subidas de hasta el 1% para el año 2015 y hasta el 1,5% para el año 2016; para el año 2017 las partes aconsejan tener como referencia la evolución del PIB en 2016 y el cuadro macroeconómico del Gobierno para 2017, debiendo concretarse el porcentaje en los tres meses siguientes a la publicación de este último.

En lo que respecta a la Orden 1187/2015 (que no entra en vigor hasta el próximo 1 de diciembre), es de destacar la regulación referente a los partes de baja y alta, cuya tramitación pretende simplificar. Así, en relación con los primeros, la norma distingue entre cuatro procesos de incapacidad temporal, en función de su duración, que puede ser muy corta, corta, media o larga. En el caso de IT de duración muy corta, junto con el parte de baja puede expedirse el de alta, utilizando un parte único (como máximo, el alta debe producirse en los tres días naturales siguientes a la baja); en el resto de procesos se establecen unos plazos máximos para el primer parte de confirmación (7 días en el caso de procesos de duración corta o media, y 14 días en el caso de procesos de duración larga); así como para el segundo y sucesivos partes de confirmación (14 días en el caso de procesos de duración corta, 28 días en los procesos de duración media, y 35 días en los procesos de duración larga).

En el caso de partes de alta, es de destacar que cuando en un proceso de IT se haya expedido el parte médico de alta por el INSS, a través de los inspectores médicos, el INSS será también el único competente para emitir, a través de dichos inspectores, una nueva baja por la misma o similar patología, durante los 180 días naturales siguientes a la fecha en que se expidió el alta.

Asimismo, es de destacar que la norma regula los mecanismos mediante los cuales se llevará a cabo el control de la IT por parte de la Inspección Médica del Servicio Público de Salud.

En el mes de julio fue publicado el Real Decreto 708/2015, de 24 de julio, por el que se modifican diversos Reglamentos Generales en el ámbito de la Seguridad Social, entre ellos el de inscripción de empresas y afiliación, altas y bajas y variaciones de datos, el de cotización y liquidación, o el de recaudación. En relación con el primero de los Reglamentos citados, se da un plazo de seis meses a las empresas para comunicar a la TGSS la norma convencional que aplican (debiendo consignarlo las empresas de nueva creación en el momento de inscribirse); se reduce el plazo para comunicar las bajas y variaciones de datos de 6 a 3 días naturales; se reduce de 5 a 4 años el plazo de conservación del justificante del trámite de alta o baja emitido por la Dirección Provincial del INSS. Respecto a las actas de liquidación de cuotas, se amplía el plazo que tiene la Inspección para requerir el ingreso de cuotas, que pasa a ser de 1 a 4 meses.

Por último, en el mes de septiembre, el día 10, fue publicada en el BOE la Ley 30/2015, por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo, y la Ley 31/2015, por la que se modifica el Estatuto del Trabajador Autónomo, con novedades en materia de autoempleo, fomento y protección del trabajo autónomo.

Por lo que se refiere a la Ley 30/2015, recoge en términos generales el contenido del Real Decreto-ley 4/2015 de 22 de marzo, con algunas matizaciones. La nueva normativa recompone el anterior modelo, introduciendo importantes novedades en lo que respecta a la participación de organizaciones patronales y sindicales, la gestión de la financiación (que pasa a concurrencia competitiva), y el control y persecución del fraude en este campo. Cabe destacar dentro de la misma, asimismo, la referencia a los grupos de empresa, de manera que, a partir de 1 de enero de 2016, cada empresa podrá disponer del importe del crédito de formación que corresponda al grupo, con el límite del 100% de lo cotizado por cada empresa del grupo en concepto de formación profesional.

Por su parte, la Ley 31/2015 modifica, como hemos dicho, el Estatuto Básico del Trabajador Autónomo, introduciendo algunas mejoras para este colectivo; así, se admite que los TRADE puedan contratar a trabajadores por cuenta ajena en aquellos casos de interrupción de la actividad por causas vinculadas a la conciliación de la vida familiar y profesional, que pudieran ocasionar la resolución del contrato con el cliente; se regulan una serie de reducciones y bonificaciones aplicables a autónomos, entre ellas una tarifa plana independiente de las posibles modificaciones de bases y tipos que puedan darse durante su disfrute; por último, se amplía el colectivo de beneficiarios del disfrute de la prestación de desempleo capitalizada al 100%, al eliminarse el límite de edad existente en la actualidad.

En definitiva, como adelantábamos al principio de estas líneas, no son reformas de calado, pero deben tenerse presentes.

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