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VACIERO

Vía libre al nuevo baremo de daños por accidente

Con el nuevo año, entra en vigor el nuevo baremo de daños a las víctimas por accidente de tráfico y la aplicación de la herramienta creada por la Asociación Empresarial del Seguro (UNESPA) o calculadora, susceptible de descarga en la web de dicha entidad www.unespa.es, que permite hacer una estimación de la posible indemnización, en función de la gravedad de las lesiones, perjuicios sufridos y vínculo en su caso, con el fallecido, respecto de accidentes acaecidos a partir del 1/01.

Esta aplicación nace con motivo de la aprobación de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, que, con un único artículo, modifica el Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aunando las peticiones de las asociaciones de accidentados, de sanitarios expertos en este tipo de lesiones, entre otros, e introduciendo las siguientes novedades:

A. En cuanto al tratamiento de los daños personales, distingue entre los siguientes supuestos:

  • Fallecimiento, mejora la percepción de las indemnizaciones mediante su individualización, teniendo en cuenta las nuevas estructuras familiares. También distingue entre perjuicio patrimonial básico o gastos razonables derivados del fallecimiento, compensados con una cantidad mínima de 400 € y los gastos específicos, que incluyen el traslado del fallecido, repatriación, entierro y funeral. Al respecto, se habla de “perjudicados tabulares” incluyendo 5 categorías (cónyuge viudo, ascendientes, descendientes, hermanos y allegados) y de “perjudicados de hecho” (quienes sin estar en dichas categorías, de hecho y de forma continuada ejerce las funciones que los “perjudicados tabulares”, por inexistencia o incumplimiento, no realizan). Atendiendo como decíamos a las nuevas estructuras familiares, nace la figura del “allegado”, como 5.º “perjudicado tabular” que recoge a las personas que, sin tener la condición de los “perjudicados” identificados del 1 al 4 (cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos), hubieran convivido familiarmente con la víctima en los 5 años inmediatos anteriores al fallecimiento y fueran especialmente cercadas a ella en parentesco o afectividad. Las indemnizaciones por muerte se incrementan un 50% de media.
  • Secuelas o lesiones permanentes, refuerza especialmente la reparación del gran lesionado que quede con discapacidades que requieran de apoyos para su autonomía personal, indemnizando los perjuicios y los daños emergentes relacionados con las diferentes partidas de gastos asistenciales futuros. Revisa, además, el baremo médico de secuelas para adaptarlo al estado actual de la ciencia. Las indemnizaciones por secuelas se incrementan un 35% de media.

  • Lesiones temporales, la norma distingue entre gastos de asistencia sanitaria y otros gastos diversos resarcibles, es decir, todos los necesarios y “razonables” que genere la lesión en el desarrollo ordinario de la vida diaria, como por ejemplo, el incremento de costes de movilidad del lesionado, los desplazamientos de familiares para atenderle, gastos para atender a los familiares de los que se ocupaba el lesionado, etc. Las indemnizaciones  por lesiones se incrementan un 12,8% de media.

B. En cuanto al tratamiento de los daños patrimoniales la norma establece las siguientes medidas de resarcimiento en concepto de gastos:

  • Lucro cesante (pérdida de ganancia por parte de la víctima): se toman en cuenta los ingresos netos de la víctima y valora el trabajo no remunerado como las tareas del hogar o la pérdida de capacidad de trabajo futura de menores y estudiantes. Asimismo, introduce un coeficiente específico para cada perjudicado que combina factores diversos como la duración del perjuicio, el riesgo de fallecimiento del perjudicado y la deducción de las pensiones públicas, entre otros.
  • Perjuicios extra patrimoniales o morales:  el caballo de batalla, siempre han sido los perjuicios morales, por la dificultad de determinación que ahora se intenta salvar, incluyendo como novedad la reestructuración del perjuicio personal básico en las indemnizaciones por causa de muerte y de su relación con los perjuicios particulares que ahora se amplían.

Por último, la norma ha tratado livianamente de hacerse eco de las voces y asociaciones que se quejan de que, a pesar de pagar religiosamente el seguro obligatorio de circulación de vehículos a motor, cualquier incidencia pasa a convertirse en un calvario, en el que la aseguradora, lejos de convertirse en nuestro apoyo, no responde y siempre trata de buscar un resquicio en pólizas que redactan unilateralmente y de forma imbricada, para excusar el pago de una indemnización.


En un intento como decimos, muy tibio de atemperar estas quejas, y en el ánimo de garantizar la rápida resolución de conflictos y  la suficiencia de las indemnizaciones ofrecidas por el asegurador, se le impone a éste la obligación de observar una “conducta diligente” en la cuantificación del daño en la oferta motivada que debe presentar a los perjudicados y en la liquidación de la indemnización.


En caso de disconformidad con la oferta motivada, las partes podrán intentar resolver de común acuerdo la controversia mediante el procedimiento de mediación, el nuevo sistema para resolución de conflictos que se trata de implantar en diversos ámbitos del derecho.


Como siempre está la pregunta de “¿Quién le pone el cascabel al gato?”, esto es, quién vigila que la aseguradora observa esa “conducta diligente?. Para ello se prevé crear una Comisión de Seguimiento del Sistema de Valoración de la que formarán parte también las asociaciones de víctimas y aseguradoras con el objeto de analizar su puesta en marcha, sus repercusiones jurídicas y económicas y el sistema de actualización. No parece que seamos capaces de cumplir la norma sin que crear comisiones de vigilancia.


En suma, la norma nace con la voluntad de que la indemnización sea realmente tal, esto es, que el accidentado y sus vinculados (tabulares o no), queden indemnes de los daños y perjuicios sufridos con motivo de un accidente de tráfico. Entre tanto la DGT cuida de que cada vez sean menos estos accidentes y sus nefastas consecuencias.

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