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VACIERO

Nuevo plazo de prescripción de deudas

Un paso más en la liberación de deudas para el empresario

Tras un largo período de crisis en el que los empresarios que han venido ejerciendo una actividad con más o menos diligencia, han visto arriesgado su patrimonio empresarial e incluso personal, en el que la condición de administrador de una compañía se considera una profesión “de riesgo”, cada vez son más las voces que hablan de la “segunda oportunidad”, del “fresh start”, como el revulsivo para reactivar la economía.

En esta idea de permitir a los empresarios fallidos, con empresas en concurso, en liquidación ordenada o desordenada, salir a flote, recuperarse y volver a invertir, a poner en marcha un proyecto y con él generar cuando menos autoempleo, son varias las medidas que se han venido adoptando por el Gobierno durante el presente ejercicio, con su correspondiente traslado en la norma:

Eliminación de las tasas judiciales para las personas físicas, permitiéndoles litigar y defender sus derechos, sus créditos sin un coste fijo.

La llamada “Ley de la segunda oportunidad” que hemos comentado en ediciones pasadas de este Boletín Jurídico, en la que se contemplaba (i) un sistema de exoneración de deudas “bajo condiciones” al deudor persona natural, empresario o consumidor; (ii) una mejora del Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual; (iii) inaplicación de las cláusulas suelo en determinados supuestos y; (iv) ampliación en dos años la suspensión del plazo para el lanzamiento de la vivienda habitual a determinados colectivos

A estas medidas se suma ahora la ya anunciada en febrero, de reducción del plazo de prescripción de las acciones sin plazo especial. Nos referimos a la modificación del artículo 1964 del Código Civil, cuya redacción hasta la Ley 42/2015 de 6 de octubre que reforma la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, con entrada en vigor el pasado 7 de octubre, establecía en 15 años el plazo genérico para el ejercicio de acciones personales. Este plazo está vigente nada menos que desde 1889 en nuestro país y la reforma obedece a la tendencia de nuestros países vecinos, como es el caso de Francia, donde el plazo general de prescripción de las obligaciones es actualmente de 5 años.

La prescripción es, junto con el pago, la compensación, la condonación, otro sistema de extinción de deudas, si bien no opera de forma automática, sino que habrá de alegarse en caso de que se nos reclamen. Es más, si no se alega y la sentencia reconoce la obligación de pago, por mucho que hubiera estado prescrita, la extinción no se habría producido.

Este instituto nace al amparo del “principio de seguridad jurídica”, en virtud del cual se postula que una persona no puede estar a expensas del cumplimiento de una obligación de forma indefinida y al tiempo, compele al acreedor a ser diligente en la persecución de su derecho de crédito.

Una deuda prescribirá dentro de un plazo legal siempre y cuando el acreedor abandone la reclamación de la misma, por lo que si el acreedor es persistente en la defensa de su crédito e interrumpe constantemente  el plazo  marcado por ley (mediante reclamación extrajudicial vía burofax con certificación de texto y acuse de recibo o medio que deje constancia; o reclamación judicial), o si existe alguna evidencia de reconocimiento expreso o tácito por el deudor (pago a cuenta), la deuda continuará vigente.

A modo recordatorio, traemos a colación los plazos de prescripción respecto de determinadas deudas, los cuales varían en función del origen de la deuda:

  • Prescribe en 1 año: la acción para recobrar o retener la posesión, las acciones para obtener las indemnizaciones por daños y perjuicios de responsabilidad civil extracontractual por injurias, calumnias y las derivadas de la culpa o negligencia.
  • Prescriben a los 2 años: las acciones para la defensa del honor, de la intimidad personal y familiar y de la propia imagen, las acciones en reclamación de indemnización derivada de contrato de seguro de daños.
  • Prescriben a los 3 años: las deudas con profesionales liberales tales como procuradores, abogados, notarios, registradores; deudas en concepto de hospedaje o comida consumida, las acciones en reclamación de indemnización derivada de contrato de seguro marítimo.
  • Prescriben a los 5 años: las deudas por alquileres, la de pagar pensiones por alimentos, la del pago de suministros (agua, luz, gas, teléfono y telecomunicaciones), las de reclamación de indemnización derivada de seguro de personas; así como cualesquiera otro pago que deba verificarse por años o en plazos más cortos, por ejemplo un préstamo, deudas por  dividendos o pagos que se convengan por motivos de utilidades o capital sobre la participación o acciones. También prescribirán en este plazo las reclamaciones por descubiertos en las tarjetas de crédito (existía la falsa creencia de que la prescripción de estas deudas era inferior a los 15 años, pero no era así).
  • Prescriben a los 20 años: la acción hipotecaria, esto es, la posibilidad de ejecutar la hipoteca en caso de impago y computable desde la fecha de vencimiento inicialmente fijado.

En cuanto al régimen transitorio, podríamos resumirlo como sigue, tomando como referencia la fecha de entrada en vigor de la norma (7 de octubre), y remontándonos a relaciones nacidas desde 15 años atrás hasta el actual:

  • Relaciones jurídicas nacidas antes del 7 de octubre de 2000: estarían prescritas en la actualidad.
  • Relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre de 2000 a 7 de octubre de 2005: se les aplica el plazo anterior de 15 años.
  • Relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre de 2005 a 7 de octubre de 2015: aplicación de la regla transitoria de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, que a su vez se remite al artículo 1939 CC, entendiéndose prescritas el 7 de octubre de 2020.

En suma, esta reforma es importante no sólo para las (i) empresas que tengan una importante lista de morosos, insistiendo en que el intento de cobro de las deudas siempre ha de realizarse por escrito, amén de que consulten su solvencia y si han venido a mejor fortuna reanuden su reclamación; (ii) sino también para aquellos empresarios que arriesgaron su patrimonio personal en época de crisis, quienes transcurridos los cinco años sin interrupción desde el momento en el que pudieran reclamarles las deudas, verán desaparecer la espada de Damocles que pesaba sobre sus cabezas y encontrarán el efecto de esa “segunda oportunidad” anunciada.

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