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VACIERO

NOTICIA: Recuperación de impuestos indebidamente pagados por la compra de oro

Recuperación impuestos, compro oro

El pasado 20 de octubre el Tribunal Económico-Administrativo Central dictó una resolución en la que se declara que la compra a particulares de objetos usados de oro y otros metales por parte de quienes ostentan la condición de empresarios o profesionales queda fuera tanto del ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido como del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas (en adelante, ITP), todo ello al amparo de las afirmaciones realizadas por el Tribunal Supremo en un auto de fecha 13 de noviembre de 2014.

Por tanto, las adquisiciones por parte de empresarios a particulares de objetos usados de oro y otros metales no tributarán ni en el Impuesto sobre el Valor Añadido ni en el ITP, es decir, no se generaría  coste tributario para los compradores.

Esta resolución es de suma importancia al unificar los diferentes criterios mantenidos por los órganos administrativos y los judiciales y abrir la posibilidad, en relación con las liquidaciones de ITP derivadas de la adquisición a particulares de objetos usados de oro y otros metales por empresarios o profesionales, de:

1) La no liquidación del ITP por las adquisiciones realizadas a partir de la publicación de la resolución.

2) La anulación de todas las liquidaciones del ITP recurridas y pendientes de resolución.

3) La posibilidad de instar la rectificación de autoliquidaciones de periodos no prescritos con la correspondiente solicitud de devolución del ITP indebidamente pagado en su día a las Comunidades Autónomas que son las competentes en la recaudación de dicho tributo.

La citada resolución de fecha 20 de octubre fue dictada en unificación de criterio promovido por el Presidente del Tribunal Económico-Administrativo Central y de conformidad con el artículo 229 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria es vinculante para los tribunales económico-administrativos, para los órganos económico-administrativos de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía y para el resto de la Administración Tributaria del Estado y de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía.

No obstante, habrá que esperar para ver si las Administraciones Tributarias autonómicas asumen pacíficamente el criterio establecido por el Tribunal Económico-Administrativo Central o intentan buscar una vía de escape a su aplicación en  cada caso concreto.

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