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VACIERO

Novedades judiciales sobre el Jurado de Expropiación Forzosa del Principado de Asturias

La reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de Asturias, de fecha 30 de junio de 2016, en un recurso interpuesto por este despacho, ha tenido oportunidad de anular el artículo 13.3 del por el que se aprueba el Decreto 22/2014, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Jurado de Expropiación del Principado de Asturias, al prever la producción de una desestimación presunta de la hoja de aprecio del expropiado, por invadir la competencia del Estado en materia de legislación sobre expropiación forzosa.

El caso es que el artículo anulado, establece que una vez que el expediente de expropiación forzosa llega al Jurado, transcurrido el plazo de tres meses sin que aquél haya adoptado un acuerdo sobre el Justiprecio, se podrá entender desestimada la hoja de aprecio del expropiado, a los efectos de permitir la interposición de los recursos procedentes.

Este es el precepto al que se acudió para interponer el recurso en el que se ha dictado la Sentencia comentada, pues transcurrido el plazo de tres meses sin que el Jurado se pronunciara sobre el Justiprecio y sabiendo que puede llegar a tardar varios años en hacerlo, decidimos interponer el recurso, que finalmente es estimado por el Tribunal, el cuál decide, además, anular el precepto citado.

Para el Tribunal, que se apoya a su vez en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, la fijación de este plazo por parte del Decreto autonómico “incide en aspectos esenciales del procedimiento expropiatorio fijando la aplicabilidad del silencio administrativo a un ámbito vedado para el legislador autonómico, en este caso para el Reglamentador, ya que las bases del procedimiento expropiatorio deben ser fijadas por el legislador estatal conforme establece el artículo 149.1.18 de la Constitución.

Es decir, se está atribuyendo unas consecuencias a la falta de resolución del Jurado que no contempla la legislación básica aplicable”.

A efectos prácticos, entendemos que la cuestión no va a variar, por aplicación de la normativa estatal que regula el silencio administrativo y que prevé igual plazo de tres meses para acudir a la vía contenciosa, en caso de silencio administrativo si no existe una regulación específica.

En este sentido, la redacción original del artículo 34 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, disponía un plazo de ocho días para que el Jurado decidiera ejecutoriamente sobre el justo precio. Es decir, el legislador estatal fijó inicialmente un plazo para que el Jurado emitiese su valoración sobre el justiprecio.

Este plazo, ya casi ilusorio de cumplir, fue suprimido mediante la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, abriéndose el interrogante no sólo sobre el plazo de que disponen los Jurados para pronunciarse, sino también de los efectos de ese silencio, ¿hay que volver a empezar el expediente?.¿vale lo hecho hasta el momento?

Por nuestra parte, entendemos que la inexistencia de un plazo específico en la normativa general de Expropiación Forzosa no significa que el Jurado carezca de plazo para pronunciarse, ni tampoco que el silencio de lugar a la caducidad del procedimiento, obligando a empezar un nuevo expediente.

Comenzando por la primera cuestión, y una vez anulado el Decreto del Principado de Asturias en lo que se refiere al plazo de que dispone el Jurado para pronunciarse, la falta de una regulación específica sobre el particular queda sobradamente cubierta por la normativa general de procedimiento administrativo que regula el silencio administrativo y que determina que el plazo que tiene el Jurado para resolver, de acuerdo con esta normativa general y a falta de una específica, no es otro que el de tres meses.

En efecto, siendo el caso que la Administración tiene la obligación de resolver dentro del plazo legalmente previsto, el artículo 42.3 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre (así como el 21.3 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, que la sustituye, próxima a entrar en vigor) dispone que a falta de regulación específica este plazo será de tres meses, transcurridos los cuáles se produce la desestimación presunta por silencio administrativo de la petición formulada por el expropiado en esta fase del procedimiento expropiatorio y por lo tanto queda libre la vía de recurso contencioso-administrativo.

La hoja de aprecio constituye en sí misma una petición del expropiado que le sitúa en una posición jurídica que sólo puede ser generadora de un derecho a ser económicamente compensado (como máximo) en la cantidad expresada en su hoja de aprecio y no a volver a iniciar un nuevo expediente, de manera que el transcurso del plazo de tres meses sin que se dicte resolución permite al interesado entender desestimada sus pretensiones por silencio administrativo y acudir a la vía contenciosa.

Así se desprende de la jurisprudencia del Tribunal Supremo (SS de 25 de septiembre de 2012 y 27 de junio de 2012) en las que se señala que en el caso del procedimiento de fijación del justiprecio, nos encontramos ante un procedimiento iniciado de oficio previsto en el artículo 44.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre donde la inactividad no puede generar en ningún caso la caducidad del expediente.

En resumen, no resulta a nuestro juicio jurídicamente aceptable que tras la anulación por el TSJ de Asturias del precepto comentado, el Jurado pase ahora a no tener un plazo para fijar el justiprecio dejando en el limbo a los expropiados y al albur de lo que la Administración expropiante quiera hacer con ellos, porque, como recuerda la STC 294/1994, «La plenitud del sometimiento de la actuación administrativa a la Ley y al Derecho (art. 103.1 CE), así como de la función de control de dicha actuación (art. 106.1 CE) y la efectividad que se predica del derecho a la tutela judicial (art. 24 CE) impiden que puedan existir comportamientos de la Administración pública -positivos o negativos- inmunes al control judicial» (fundamento jurídico 4.º, in fine ).

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