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VACIERO

Sobre la retribución de las vacaciones, los despidos de trabajadores en situación de baja por incapacidad temporal, y otras resoluciones recientes del Tribunal Supremo

En los últimos meses se han dictado interesantes sentencias del Tribunal Supremo, en diferentes materias que tienen gran relevancia práctica, por lo que es conveniente hacer un repaso de las mismas.

Así, con fecha 8 de junio se han dictado por el Pleno dos sentencias, en materia de retribución del período de vacaciones. Hasta la fecha, la jurisprudencia venía considerando que había que estar a la regulación de la norma convencional y, a falta de previsión específica, en la retribución de las vacaciones debían incluirse todos los conceptos que el trabajador viniera percibiendo con un carácter ordinario, excluyendo los extraordinarios, lo que había permitido excluir conceptos que no eran iguales o constantes todos los meses, como las primas o incentivos. Pues bien, las sentencias recientemente dictadas, declaran que en la retribución de vacaciones han de incluirse todos los conceptos que el trabajador venga percibiendo de manera habitual en el desarrollo de sus funciones, sean ordinarios o extraordinarios, lo que conlleva incluir el promedio de los incentivos o comisiones, y ello a pesar de que el Convenio Colectivo no hacía referencia a esos conceptos salariales, de manera expresa.

Por otro lado, el 3 de mayo de 2016 se ha dictado otra interesante sentencia, en la que se vuelve a tratar la posible nulidad del despido de trabajadores en situación de incapacidad temporal. Es una duda frecuente entre las empresas el saber si se puede llevar a cabo el despido de trabajadores si estos han iniciado un proceso de incapacidad temporal, siendo la respuesta afirmativa y sin que, con carácter general, se pueda considerar que el despido en estos casos puede ser declarado nulo por el único motivo de la enfermedad (como ocurría antiguamente).

Ahora bien, cada vez son más frecuentes las demandas en las que, estando el despedido en situación de baja por incapacidad temporal, solicita una declaración de nulidad, amparándose en la existencia de una discriminación por discapacidad, y argumentando la asimilación de la enfermedad a la discapacidad. Pues bien, la citada sentencia de 3 de mayo analiza el caso de una trabajadora que es despedida tras diez días en situación de baja, aludiéndose en la carta de despido, abiertamente, a que la situación de incapacidad suponía una reducción de la  productividad de la trabajadora, y el Alto Tribunal llega a la conclusión de que no se está ante un despido discriminatorio por razón de la enfermedad. Por tanto, no hay cambio del Tribunal Supremo a este respecto, si bien es un tema sobre el que hay que estar pendiente, pues a nivel europeo están surgiendo pronunciamientos en los que se declara que el despido de trabajadores en incapacidad temporal puede ser discriminatorio por razón de discapacidad, sobre todo cuando se trata de enfermedades de carácter duradero.

En la sentencia de 7 de abril de 2016 el Tribunal Supremo analiza otra cuestión que se plantea frecuentemente en la práctica, cuál es la responsabilidad entre contratas cuando se produce una subrogación del personal en caso de sucesión de contratas por vía convencional (no una sucesión de empresa del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores). En este caso, se analiza si la empresa entrante tiene la obligación de abonar al trabajador los salarios que le dejó pendientes la empresa saliente, en situación de concurso

Pues bien, el Tribunal Supremo considera que, como quiera que no se está ante una sucesión de empresa del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores (donde sí se regula la responsabilidad solidaria entre entrante y saliente de las obligaciones contraídas con anterioridad), sino ante una subrogación convencional, debiendo estarse a los términos del Convenio. En este caso, el Convenio era el de empresas de seguridad, que expresamente recogía que la empresa cesante era la única y exclusiva obligada al pago de cantidades generadas durante su prestación de servicios, por lo que se desestima el recurso del trabajador.

Con esa misma fecha (7 de abril) se ha dictado otra sentencia por el Pleno, en el que se analiza la equiparación entre incapacidad permanente y minusvalía, esto es, si por tener reconocida una incapacidad permanente (total, absoluta, gran invalidez) se tiene automáticamente  reconocida la condición de minusválido del 33%, con las ventajas (desde fiscales, a aparcamientos, etc…) que ello tiene aparejado. Existiendo pronunciamientos contradictorios de Tribunales Superiores de Justicia, el Tribunal Supremo zanja la controversia señalando que la equiparación entre una declaración y otra no es a todos los efectos, sino únicamente a los efectos de la Ley 51/2003, de accesibilidad universal de personas con discapacidad, siendo posible que se reconozca un grado de incapacidad total y no el de minusvalía, o viceversa.

Por último, no queremos concluir este repaso jurisprudencial sin hacer referencia a la sentencia de Alto Tribunal de 23 de febrero de 2016, donde nuevamente se vuelve a tratar el tema de la antigüedad a efectos de indemnización por despido cuando ha habido una sucesión de contratos temporales, habiendo interrupciones superiores a los 20 días hábiles entre la finalización de un contrato y la suscripción del siguiente. En el caso analizado, la interrupción había sido de 69 días, y aun así, el Alto Tribunal consideró que no había ruptura del vínculo, toda vez que no había quedado constancia de la causa por la que se extinguió la relación, si el trabajador había sido indemnizado, si prestó servicios para otra empresa en el período de ruptura, etc,…

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