El Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), entidad pública que promueve el I+D con fondos del Estado, ha contratado a Vaciero con la finalidad de reclamar todos aquellos préstamos impagados y que pueden prescribir de los que es acreedor dicho órgano público estatal.
El Gobierno quiere evitar las empresas a las que se le efectuó un préstamo destinado a financiar proyectos de innovación y desarrollo dejen de pagar las deudas que tienen pendientes con la administración.
Tal y como señala el Gobierno en su propia página web, “La persistencia de la crisis económica y las restricciones del sistema bancario dificultan la obtención de garantías por parte de las pymes, las más afectadas por la situación actual. Es por ello, que el CDTI ha puesto en marcha un sistema de minoración de garantías.”
En los pliegos el propio CDTI establece que el número de expedientes objeto de este contrato oscilará entre un mínimo de 200 y un máximo de 250, con un importe medio de deuda por expediente de 246.000,00 € y una antigüedad media de la deuda de siete años.
El servicio a prestar, tal y como recogen los pliegos de la licitación, se divide en dos fases. Por un lado, en una primera fase, el trabajo consiste en un análisis de solvencia sobre cada empresa y la viabilidad jurídico-financiera del ejercicio de acciones extrajudiciales, particularmente la posible situación de prescripción, y en una segunda fase, el servicio de reclamación extrajudicial de la deuda respecto a todos los obligados al pago.
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