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Foto noticia El nuevo impuesto a la banca Opinión 16 ago 2018 Leticia del Estal, Socia de Derecho Mercantil y Societario, analiza en La Nueva España un posible nuevo impuesto a la banca. FUENTE: La Nueva España AUTOR: Leticia del Estal

Uno de los anuncios del nuevo Ejecutivo que más oposición ha recibido es el impuesto a la banca que pretende introducir para financiar el actual déficit del sistema público de pensiones. El razonamiento del Gobierno para la imposición del tributo parece partir de la consideración del sector bancario como uno de los principales causantes de la crisis económica sufrida especialmente en nuestro país, por lo que ha de ser la banca la que ahora se sacrifique y contribuya al bien común.

Si bien a fecha actual nada se ha concretado sobre la estructura y contenido del impuesto, se presentan varias incógnitas de especial trascendencia, tales como los efectos colaterales de la medida y la repercusión en las economías domésticas y empresariales, como usuarias de una financiación que sin duda alguna va a encarecerse con la introducción del tributo.

No obstante, por parte de las dos patronales del sector de la banca española ya se han adelantado las posibles consecuencias que derivarían de un nuevo tributo al sector, cuales son un freno al crecimiento económico y a la creación de empleo. En los últimos días, las entidades financieras ya se han pronunciado públicamente en contra de este impuesto, manifestando que el mismo es injusto, que la fiscalidad no puede penalizar el crecimiento y el mantenimiento o la creación de nuevos puestos de trabajo, que afectará a la cotización en Bolsa del sector y mermará su rentabilidad, todo lo cual tendría un importante impacto en la solvencia del sistema.

Pero más allá de la teoría del impuesto, está su realidad práctica, que llevaría a las entidades bancarias a reaccionar a través de un posible “cambio de estructura legal”, como ya ha puesto de manifiesto el Consejero Delegado de Banco Santander, y ello al objeto de evitar una posible doble imposición, puesto que el tributo gravaría resultados de las compañías –los obtenidos por las filiales ubicadas fuera de España– que previamente ya habrán tributado en origen. Dicho cambio de estructura se reputa posible en tanto en cuanto los bancos son entidades profundamente internacionalizadas, por lo que sus márgenes de maniobra son mayores que el del resto de entidades mercantiles. Ante las aseveraciones del principal banco de nuestro país, ya se ha atisbado incluso la posibilidad de trasladar el domicilio social fuera de nuestras fronteras, lo cual conllevaría un enorme debilitamiento del sistema financiero español y con ello una posible nueva crisis que en nada beneficia ni al sector, que poco a poco se va recuperando, ni al conjunto de la sociedad, que con casi total probabilidad será la que en última instancia soporte las medidas del Ejecutivo. Añadido a lo anterior, no debe olvidarse que el sector bancario es una importante fuente de empleo en nuestro país, por lo que un cambio estructural de las entidades ahondaría aún más en el recorte del empleo en el sector, que ya de por sí en los últimos años se ha visto seriamente afectado.

Por todo ello, a la espera de la materialización del impuesto, parece que su introducción en nuestro sistema no va a surtir el efecto pretendido por el Ejecutivo, pues conllevaría un debilitamiento del sistema financiero español, y por otro lado, repercutiría negativamente en los clientes al encarecerse el crédito, limitándose por lo tanto el acceso de éstos a la financiación.

Artículo de opinión publicado en La Nueva España el 16 de agosto de 2018.

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